Débil cadena probatoria: podrían liberar a Nicolás Díaz, imputado por el homicidio de Graciela Oviedo

El fiscal Pablo Jávega anunció que, tras revisar las pericias realizadas en el caso del homicidio de la jubilada de 72 años, Graciela Oviedo, las pruebas presentadas contra el detenido de 27 años, Nicolás Díaz, son consideradas insuficientes para mantener la prisión preventiva.

Debilidades de la evidencia

Según el informe pericial, las manchas detectadas en la chaqueta incautada al momento de la detención no correspondían a sangre, sino a pintura. Dicha constancia había sido uno de los elementos que motivó la captura de Díaz, pero ahora se cuestiona su valor probatorio.

Los peritos también señalaron que no existen huellas ni rastros que vinculen de forma directa al acusado con la escena del crimen, ubicada en la vivienda de la calle Caracas 1400, en el barrio IPV Alberdi, donde el cuerpo de Oviedo fue hallado el 7 de septiembre.

Reacción de la familia y su defensa

La abogada que representa a la familia de la víctima, la Dra. Mariangeles Mussolini, indicó a Radio Río Cuarto que el fiscal aún no ha tomado una decisión definitiva. "Nos notificaron para proponer un perito de control; una vez realizadas esas medidas, entendemos que procederán a liberar al imputado", sostuvo.

Mussolini advirtió que la falta de pruebas contundentes podría derivar en un nuevo caso de impunidad, lo que generaría un reclamo de la sociedad civil y de organizaciones de derechos humanos en la región.

Contexto del caso

Graciela Oviedo fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en la tarde del lunes 7 de septiembre. La hipótesis inicial de la investigación apuntaba a un posible robo que habría terminado en homicidio. Desde entonces, la causa ha sido objeto de seguimiento mediático y judicial.

El detenido, Nicolás Díaz, fue arrestado pocos días después del hallazgo del cuerpo, basándose en la supuesta coincidencia de la chaqueta manchada. Con la revisión actual de la evidencia, la autoridad judicial podría revocar la medida de prisión preventiva que le mantiene detenido desde entonces.

El caso vuelve a colocar en la agenda pública la discusión sobre la calidad de las pruebas forenses en procesos penales y la necesidad de garantizar un debido proceso que evite detenciones arbitrarias.